Sentencian a 12 exmilitares colombianos con la pena máxima

Doce militares retirados del Ejército de Colombia fueron condenados el jueves por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la sentencia máxima de ocho años de trabajos restaurativos como responsables de los asesinatos y desapariciones forzadas de 135 civiles reportados ilegalmente como guerrilleros muertos en combates, en el caso conocido como ‘falsos positivos’.

Esta la primera sentencia contra antiguos integrantes del Ejército por parte de la JEP, surgida de un acuerdo de paz en 2016 con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y encargada de investigar a antiguos líderes rebeldes, a efectivos de las Fuerzas Militares y a civiles por su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto.

«Dada la gravedad de los crímenes y el papel que desempeñaron todos los comparecientes, deben cumplir la sanción máxima de ocho años», dijo la magistrada Ana Manuela Ochoa, quien explicó que a cada uno se le aplicará un descuento proporcional al tiempo que permanecieron privados de la libertad en la justicia ordinaria.

Sin embargo, las sanciones no serán inferiores a cinco años de trabajos restaurativos con los descuentos, precisó el tribunal, al destacar que los doce exmilitares reconocieron su responsabilidad e hicieron aportes a la verdad.

Los ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales fueron hechos de violencia en medio del conflicto interno armado de Colombia que ha dejado más de 450.000 muertos y millones de desplazados.

Una comisión de la Verdad concluyó en el 2022 que entre los años 2002 y 2008 se registraron 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares que los presentaron como guerrilleros muertos en combates para ganar condecoraciones, ascensos, viajes al exterior y días de descanso.

«Ningún colombiano debió haber fallecido como resultado de un entramado criminal encargado de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes arrebatándoles a sus hijos, madres, padres, hermanos (…) con el único fin de convertirlas en números, en cifras, en estadísticas frías y viciadas», sostuvo el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, antes de la lectura del fallo.

A la fecha, 4.000 miembros de la fuerza pública, de todos los rangos, incluidos 17 generales, se han sometido ante el tribunal de paz por los asesinatos y las desapariciones forzadas, de los que 867 han entregado sus versiones.

Decenas de efectivos del Ejército han sido detenidos y condenados por ‘falsos positivos’ bajo el sistema de justicia ordinaria, mientras que algunas de las víctimas, cuyos restos no han sido devueltos a sus familias, son consideradas como desaparecidas.

El jueves, cabe especificar, fueron sentenciados dos mayores, un teniente, dos subtenientes, tres sargentos, un cabo y tres soldados que reconocieron su responsabilidad en los asesinatos y desapariciones mientras eran miembros del batallón La Popa, ubicado en la ciudad de Valledupar, en el norte de Colombia, reveló el tribunal.

Los crímenes se registraron entre enero de 2002 y julio de 2005. Los militares vistieron a las víctimas con uniformes camuflados y les plantaron armas de fuego para reportarlas como muertos en combates, según confesaron ante el tribunal.

Otros tres militares retirados que estuvieron adscritos al batallón La Popa no aceptaron su responsabilidad y se exponen a una sentencia de 20 años de cárcel, según el tribunal.