EE.UU. a la espera de respuesta del régimen de Irán sobre memorando de entendimiento

La administración de Donald Trump aguarda la respuesta del régimen iraní a un memorando de entendimiento de 14 puntos elaborado por Pakistán como mediador, que busca establecer las bases para reiniciar el diálogo en Islamabad en un plazo de 30 días sobre el controvertido programa nuclear de Teherán.

El documento propone una moratoria nuclear de entre 12 y 15 años sobre el enriquecimiento de uranio a cambio de la liberación de miles de millones de dólares en fondos congelados y el levantamiento de las sanciones económicas impuestas al régimen de los ayatolá. También contempla el levantamiento mutuo de bloqueos en el estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días.

Sin embargo, el memorando presenta limitaciones significativas: no incluye restricciones declaradas ni para el programa de misiles balísticos ni para el apoyo a milicias regionales.

La principal exigencia del presidente Donald Trump desde el inicio de los acercamientos diplomáticos ha sido imponer una moratoria al enriquecimiento de 20 años. «No hemos acordado nada, lo que tenemos es una declaración muy contundente de que no tendrían armas nucleares en los próximos 20 años, eso va más allá, no hay límite de 20 años», declaró Trump.

El régimen iraní inicialmente propuso una moratoria de apenas 5 años para suspender su programa de enriquecimiento de uranio, oferta rechazada tajantemente por la administración de Trump, que consideró ese plazo insuficiente y una estrategia para ganar tiempo antes de retomar las ambiciones nucleares. El memorando en negociación busca un punto medio entre ambas posiciones.

El segundo aspecto crítico es el levantamiento de sanciones, que no solo liberaría los fondos congelados, sino que reactivaría gradualmente el motor financiero del régimen al permitirle exportar petróleo legalmente y recuperar su conexión al sistema bancario internacional.

Las sanciones que Estados Unidos contempla retirar incluyen restricciones al sistema financiero, sanciones a funcionarios del régimen acusados de violaciones de derechos humanos y castigos a la élite de la Guardia Revolucionaria.